AGENCIA PRESS NOTICIAS.- La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el Proyecto Prevenir de USAID organizan el primer Curso Especializado en Minería Ilegal y Tala Ilegal del Perú; un programa académico práctico para ayudar a combatir los delitos ambientales en la Amazonía peruana a través de un enfoque que combina conceptos de la Economía, Derecho Ambiental y Derecho Penal.
Este curso, que estará a cargo de la Universidad del Pacífico, está dirigido a servidores de la FEMA vinculados a la prevención y combate de delitos ambientales, principalmente en Lima Metropolitana, Callao y los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Junín, Cusco y Puno. Esta iniciativa tiene como objetivo: (i) fortalecer los conceptos clave que involucran las actividades mineras y forestales en la Amazonía; (ii) robustecer el conocimiento sobre la normativa que regula el aprovechamiento de los recursos naturales; y (iii) trasladar las mejores técnicas de investigación criminal y litigación oral en materia de minería ilegal y tala ilegal.
El curso reunirá a los 150 fiscales especializados en delitos ambientales de todo el país, generando una oportunidad sin precedentes para mejorar sus conocimientos y destrezas en torno a los delitos ambientales de mayor incidencia. Este curso está financiado por el Proyecto Prevenir de USAID, que apoya al Gobierno del Perú, a la sociedad civil y al sector privado a mejorar las condiciones para prevenir y combatir los delitos ambientales en la Amazonía peruana. Cuenta, además, con el auspicio de la Academia de la Magistratura.
Sobre el Proyecto Prevenir de USAID
El Proyecto Prevenir de USAID apoya al Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector privado, a mejorar las condiciones para prevenir y combatir los delitos ambientales en la Amazonía Peruana. Trabaja mediante un enfoque integral y multisectorial, que incluye el fortalecimiento del sistema de justicia, el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, el monitoreo y la protección de la flora y la fauna, el análisis de los costos y la propuesta de incentivos económicos, la inclusión de salvaguardas ambientales y sociales en el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala y la implementación de campañas de sensibilización e información a la ciudadanía.