AGENCIA PRESS NOTICIAS.- El acelerado avance de la inteligencia artificial y la masificación de herramientas digitales están poniendo a prueba uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico: el derecho a la privacidad. En el Perú, las denuncias por ciberdelitos superaron los 42 mil casos durante 2024, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior, según datos de la Policía Nacional del Perú.
El fenómeno ocurre en un país donde el 79.5% de la población accede a internet a diario y existen más de 24.5 millones de identidades activas en redes sociales, de acuerdo con DataReportal. La exposición digital es masiva, pero el marco legal que debería regularla todavía no logra seguir el ritmo de los cambios tecnológicos.
La IA procesa datos que los usuarios no comprenden
Para Carlos Caro, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú, este es uno de los debates jurídicos más urgentes del momento. El especialista advierte que la conversación sobre privacidad digital ya involucra herramientas de inteligencia artificial que procesan datos personales sin que el usuario tenga claridad sobre qué se hace con su información.
El problema no se limita a las redes sociales. A nivel global, los deep fakes —imágenes, audios y videos falsos generados con IA— crecieron más del 245% en el último año, con América Latina entre las regiones más afectadas. Caro advierte que la mayoría de ciudadanos aún no dimensiona el riesgo real al que está expuesto.
Las consecuencias son concretas: fotografías manipuladas usadas como pruebas falsas, voces clonadas para cometer fraude bancario o conversaciones con plataformas de IA que podrían convertirse en evidencia dentro de un proceso judicial. Lo que pocos conocen es que la información compartida en esos entornos no necesariamente queda protegida bajo los criterios tradicionales de privacidad o secreto profesional.
Un marco normativo que busca respuestas
Frente a este escenario, Caro plantea la necesidad de establecer protocolos claros sobre cómo se realiza un allanamiento digital, qué valor tiene la evidencia obtenida en entornos virtuales y en qué etapas de un proceso judicial puede intervenir la inteligencia artificial. En esa línea, el especialista defiende la creación de juzgados especializados en cibercrimen, que permitan al sistema judicial responder con la velocidad que estos casos exigen.
El Decano sostiene que la responsabilidad es compartida: el Estado debe actualizar el marco normativo, las empresas tecnológicas deben transparentar el uso que hacen de los datos personales, y las universidades deben formar profesionales capaces de moverse con solvencia en la intersección entre tecnología, ética y derecho.
Estas reflexiones fueron expuestas en el Conversatorio N° XCVII sobre Derecho Penal, Compliance e Inteligencia Artificial, organizado por la Asociación Internacional de Compliance, el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y el Grupo Peruano de la AIDP, con el co-auspicio de la Universidad Politécnica del Perú, entre otras organizaciones.